CEO de Itaú Chile desdramatiza proyecto de "borrón y cuenta nueva" y confía que en la labor del Congreso

El banco Itaú Corpbanca realizó ayer la conferencia de presentación de sus resultados corporativos, al cierre del primer trimestre del año con los analistas del mercado.

El gerente general de la firma, Gabriel Moura, fue consultado respecto a los efectos del proyecto de ley “borrón y cuenta nueva” que comenzó a discutir esta semana la comisión de Economía de la Cámara, iniciativa impulsada por un grupo político transversal de diputados que busca establecer un “borronazo” de los registros de deuda.

“El Congreso siempre fue muy democrático y maduro en términos de entender el impacto de esas propuestas dentro del sistema”, resaltó el CEO de Itaú Chile, Gabriel Moura.

Si bien Moura indicó que “no tenemos ningún comentario específico al respecto”, hizo ver que “hemos visto a los reguladores, especialmente aquí, a través del Congreso, ser muy activos en las propuestas para cambiar las regulaciones, no sólo de la banca, sino que afectan a otras industrias”.

El ejecutivo se mostró confiado en la labor de las autoridades para detener iniciativas que puedan afectar el desarrollo de la economía. Aseguró que “hasta ahora hemos visto muchos tipos de regulaciones que se presentan como propuestas, pero creo que el proceso de discusión que el gobierno ha tenido hasta ahora, las diferentes comunidades que analizan esto dentro del Congreso fueron muy eficientes en asegurarse de que cualquier efecto adverso sea considerado en su proceso de discusión”.

“Creo que el Congreso siempre fue muy democrático y maduro en términos de entender el impacto de esas propuestas dentro del sistema, en la capacidad de crecimiento del crédito para que la industria bancaria continúe sirviendo a su propósito de ayudar al país a crecer”, dijo Moura.

El proyecto de ley sería de carácter universal, regiría para las obligaciones financieras menores a $ 2,5 millones, pero no condonaría las deudas impagas.

Otro objetivo es prohibir a los responsables del registro o banco de datos, entregar la información sobre deudas impagas de las personas contraídas hasta el 30 de abril de 2022.

La mirada del comercio

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, participó ayer en la discusión del proyecto en la comisión de Economía de la Cámara junto al gerente de informaciones comerciales del Boletín Comercial, Francisco Argüello.

La posición de la CCS fue categórica frente a la iniciativa: “es injusto e impositivo”, sostuvieron los representantes. 

Desde la CCS hicieron ver que “la ausencia de información impide discriminar entre quienes se han esforzado por cumplir sus obligaciones y quienes no lo han hecho”. 

Según el gremio, habría cinco efectos de aprobarse el proyecto. El primero es que se “abandona a millones de personas que se han preocupado de cumplir sus obligaciones y verán restringido y encarecido -con mayores tasas y oferta más restrictiva- el acceso al crédito formal”

Consideró que se “fomenta la desbancarización y el desarrollo del crédito informal”. En esa línea, también “favorece el sobre endeudamiento de las personas que se busca beneficiar con el proyecto de ley”. 

Respecto a las personas, criticó que se “debilita la cultura de pago y el comportamiento comercial de los deudores” y se “conculca el derecho de los titulares sobre sus datos. Ellos deberían decidir cuándo, cómo y a quién se deben comunicar sus datos”. 

Visión de la Odecu

Una perspectiva distinta planteó la Odecu en la comisión, al exponer que “la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra un consumidor sobreendeudado, exige una adecuada revisión del marco normativo, en la línea de lo que señala el programa de gobierno del actual Presidente Boric”. 

La organización valoró la iniciativa y mencionó que “se hace cargo de unos de los efectos económicos de la pandemia y sus medidas de confinamiento, que compartimos, no solo por los efectos normativos de la información negativa en materia financiera, esto es la morosidad, sino también por el uso contrario a la normativa, que se realiza de estos datos personales de los consumidores, amparados principalmente en la inexistencia de una agencia general de protección de los datos de las personas”. 

Odecu también sugirió algunos cambios a la moción parlamentaria como “establecerla como una norma de carácter permanente, más que la sola referencia a un periodo temporal, que se active ante ciertos supuestos como pueden ser los estados de excepción constitucional que superen un cierto umbral de duración, de manera que su aplicación sea directa y automática, y no requiera la tramitación de una nueva norma”. 

Asimismo, requirieron que el Sernac tenga un rol de vigilancia de esta norma respecto de los datos personales de los consumidores en el marco de relaciones de consumo.